El debate sobre las políticas de drogas ocupa un lugar controversial en la actual agenda pública en Argentina, y se vincula con temas tan sensibles como la seguridad, la salud pública, los derechos humanos y las propias condiciones de gobernabilidad.
En la primera década del siglo XXI se incrementaron significativamente los debates sobre las políticas de drogas en América Latina. Se cuestionaron y analizaron las consecuencias negativas de la política de «guerra contra las drogas» en términos de la afectación de los derechos de las personas usuarias y cultivadoras de plantas declaradas ilícitas, así como de la autonomía de los Estados frente al régimen de fiscalización internacional.
La promoción y defensa de los derechos humanos, la salud y la seguridad pública, se han convertido en parte esencial de un cambio de paradigma en curso, en la definición de las políticas públicas de drogas en algunos países de la región. Existe una creciente necesidad de buscar alternativas y enfoques orientados a la salud, más efectivos y equilibrados en esta materia.
Estas tendencias conviven con iniciativas que sustentan el paradigma prohibicionista y los enfoques criminalizadores en el control de la oferta y de la demanda de drogas, pilares fundamentales de las políticas instauradas en distintos Estados en el siglo pasado, incluidos los latinoamericanos.
En el plano nacional, también conviven ambas posiciones y se disputan la tendencia de las vigentes pero también de las futuras. La 21° Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas pretende profundizar esta discusión, poniendo en evidencia las contradicciones de las distintas políticas y medidas e impulsando una toma de posición que incline hacia un discurso y una práctica apoyados en evidencia científica, y en una perspectiva de mayor respeto por los derechos humanos.
A 40 años de haber recuperado la democracia en Argentina, las políticas de drogas siguen siendo un punto pendiente de revisión para la conformación de normativas acordes a las garantías y derechos contemplados por la Constitución Nacional. Ante la vigencia de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, una política que criminaliza, estigmatiza y legitima violencias, se propone la despenalización de la tenencia de sustancias psicoactivas para consumo personal como un primer avance para saldar esta deuda.
Iniciada en 2003, la Conferencia sobre Políticas de Drogas resulta una plataforma potente para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras.
LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA CONFERENCIA SON:
Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, basadas científicamente, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas.
Generar un intercambio a nivel nacional entre académicos y decisores políticos a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones.
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